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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 185 - Lunes, 23 de septiembre de 2024

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1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, hace referencia en diversos artículos a la prevención
de riesgos laborales. Así, el artículo 19 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, relativo a la seguridad y salud en el trabajo, reconoce específicamente
el derecho del trabajador a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece
en su artículo 5.1 que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción
de la mejora de las condiciones de trabajo, con el fin de elevar el nivel de protección de la
seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
En su artículo 12, determina que la participación de empresarios y trabajadores,
a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, es
principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por
las Administraciones Públicas competentes en los distintos niveles territoriales. La
disposición adicional quinta de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece
que la gestión de las acciones ordinarias en materia de prevención de riesgos laborales
de ámbito territorial corresponde a cada comunidad autónoma.
La Orden TES/864/2023, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la
realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales conforme
a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece
las bases reguladoras de la concesión de dichas subvenciones, sin perjuicio de que las
comunidades autónomas puedan desarrollar una normativa propia para su gestión y
concesión, que esta orden aprueba. En su artículo 1.2., la Orden TES/864/2023, de 21
de julio, determina que la financiación de las acciones gestionadas por las comunidades
autónomas se efectuará por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, mediante
transferencias que tendrán carácter finalista. También enumera los artículos que han
de considerarse comunes y, por tanto, habrán de ser respetados por las comunidades
autónomas a la hora de aprobar sus propias bases reguladoras. En el artículo 2 especifica
los cuatro tipos de acciones a subvencionar, de información, de asistencia técnica, de
formación y de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos
laborales. Conforme al artículo 4, serán destinatarias de las acciones las personas
trabajadoras y las empresas, especialmente las pequeñas empresas.
La Orden de 14 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de
formación, asistencia técnica e información en materia de prevención de riesgos laborales
y cultura preventiva, regula tres líneas de subvenciones, financiadas con recursos propios
de la Junta de Andalucía y plasmadas en tres cuadros resumen. El segundo de los cuadros
resumen incluye las particularidades, especificaciones y concreciones que presentan las
bases reguladoras para la línea de subvenciones para acciones de asistencia técnica e
información en materia de prevención de riesgos laborales y fomento de la cultura preventiva.
Las bases reguladoras que ahora se aprueban vienen a derogar y sustituir este segundo
cuadro resumen, estableciendo la normativa autonómica para la gestión y concesión de
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

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Orden de 17 de septiembre de 2024, por la que se aprueban las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para
la realización de actividades de asistencia técnica y de actividades de información,
en el ámbito de la prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.