Página 1 del anuncio BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 236

Miércoles 1 de octubre de 2025

Sec. I. Pág. 126011

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Real Decreto 866/2025, de 30 de septiembre, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones a favor de determinadas entidades
locales y de la Federación Española de Municipios y Provincias para la
realización de actuaciones de búsqueda, localización, exhumación y, en su
caso, identificación de restos de personas víctimas de la Guerra de España y
la dictadura.

La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, tiene por objeto la
recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida ésta como
conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y
libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin
de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los
principios, valores y libertades constitucionales. Asimismo, constituye el objeto de la
mencionada ley, el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia, por
razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia
religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el
golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la dictadura franquista
hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978, así como promover su
reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva, adoptar
medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre la
ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos
constitucionales.
Con la finalidad descrita, a lo largo del texto legal se establecen una serie de
medidas entre las que se incluyen aquellas relativas a la localización e identificación de
personas desaparecidas en dicho período, que la citada ley configura como una
auténtica política pública.
Concretamente, en su artículo 16, relativo a la búsqueda de personas
desaparecidas, en su apartado 1 se dispone «Corresponderá a la Administración
General del Estado la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra y la
dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas
relacionadas con dicha actividad» y en el apartado 4 del mismo artículo, se establece
que «Las actividades de indagación, localización e identificación de las personas
desaparecidas durante la Guerra o la represión política posterior y cuyo paradero se
ignore, realizadas por las víctimas o aquellas entidades que incluyan el desarrollo de
tales actividades entre sus fines, podrán contar con la colaboración de las
administraciones públicas, en el marco de la política pública de búsqueda de personas
desaparecidas y la planificación establecida, a través de los mecanismos de
financiación y ayuda que se establezcan».
Dentro de este marco normativo, resulta necesario afrontar y dar respuesta a las
legítimas y justas reivindicaciones de familiares y entidades memorialistas para restituir
los restos reclamados y proceder a dar digna sepultura, localizar e identificar en la
medida de lo posible a personas desaparecidas, como continúa ocurriendo en la
actualidad a lo largo del territorio español. Es voluntad del Gobierno de España colaborar
con las entidades locales para acometer todas aquellas actuaciones que resulten
necesarias para revertir, cuanto antes, esta situación.
Por tanto, teniendo en cuenta que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, sienta las bases
para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento

cve: BOE-A-2025-19416
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