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Núm. 118

Viernes 15 de mayo de 2026

Sec. TC. Pág. 67531

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
10604

Sala Segunda. Sentencia 29/2026, de 13 de abril de 2026. Recurso de
amparo 4242-2022. Promovido por la confederación Unión Sindical Obrera en
relación con el Real Decreto 1104/2020, de 15 de diciembre, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la
digitalización del sector productivo, cuya legalidad fue confirmada por
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y no discriminación y a la
libertad sindical: regulación objetiva y razonable de los criterios de selección
de entidades beneficiarias de las ayudas, que se vincula con la finalidad de
garantizar la efectividad del proyecto y su alcance temporalmente limitado.
Voto particular.

ECLI:ES:TC:2026:29
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña
Inmaculada Montalbán Huertas, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María
Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don
César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA

I.

Antecedentes

1. El procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, en nombre y
representación de la confederación Unión Sindical Obrera, interpuso recurso de amparo
contra la sentencia y el real decreto referidos en el encabezamiento, mediante escrito
registrado en este tribunal el 14 de junio de 2022.

cve: BOE-A-2026-10604
Verificable en https://www.boe.es

En el recurso de amparo núm. 4242-2022, promovido por la confederación Unión
Sindical Obrera, representada por el procurador de los tribunales don Eduardo Centeno
Ruiz, en sustitución del procurador de los tribunales don Aníbal Bordallo Huidobro, y
asistida de la letrada doña Estrella Zambrana Quesada, contra la sentencia
núm. 445/2022, de 8 de abril, de la Sección Cuarta de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, dictada en el procedimiento especial de protección
de los derechos fundamentales núm. 379-2020, que desestimó el recurso contenciosoadministrativo interpuesto frente al Real Decreto 1104/2020, de 15 de diciembre, por el
que se regula la concesión directa de subvenciones a interlocutores sociales para la
digitalización del sector productivo. Han sido parte la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales, representada por el procurador de los tribunales don
Juan Luis Navas García y asistida por el abogado don José María Campos Gorriño; el
sindicato Unión General de Trabajadores de España, representado por la procuradora de
los tribunales doña María Granizo Palomeque y asistido por el abogado don Bernardo
García Rodríguez, y la Abogacía del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido
ponente la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón.