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Miércoles 8 de octubre de 2025

I

53572

DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE GESTIÓN FORESTAL Y MUNDO RURAL

DECRETO 129/2025, de 9 de septiembre, por el que se establecen las
bases reguladoras del régimen de ayudas al regadío para las comunidades
de regantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la
primera convocatoria del Programa I para el periodo 2025-2027. (2025040207)
El Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre
de 2021 por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos
que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes
estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)
y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1305/2013 y (UE) n.º 1307/2013, y el Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión
y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º
1306/2013 constituyen, junto con los reglamentos que complementan y establecen normas
para la aplicación de los mismos, el marco jurídico básico de las acciones comunitarias a favor
de un desarrollo rural sostenible, periodo 2023-2027.
Con la publicación de este decreto se persigue el cumplimiento de los objetivos establecidos
en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
2 de diciembre de 2021, de forma específica, promover el desarrollo sostenible y la gestión
eficiente de recursos naturales como el agua, el suelo y el aire, incluyendo la reducción de la
dependencia química.
En el actual periodo, estas actuaciones se incluyen dentro de la Intervención 6843.1 “Ayudas
a inversiones en infraestructuras de regadíos con objetivos ambientales” del Plan Estratégico
de la PAC 2023-2027. A través de esta intervención se debe contribuir a una gestión eficiente
del recurso agua mediante las inversiones en modernización de infraestructuras y sistemas
de riego (almacenamiento, transporte, distribución) que no conlleven un aumento de la superficie de riego, al objeto de lograr una mejora en la gestión integrada del recurso agua o
fomentar el uso de fuentes de energías renovables y mejorar la eficiencia energética de estas
instalaciones.