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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 18 DE JUNIO DE 2024

B.O.C.M. Núm. 144

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
RESOLUCIÓN 2864/2024, de 30 de mayo, de la Dirección General de Servicios
Sociales e Integración, por la que se regula el acceso y derivación al Programa
de Asistencia Material Básica en la Comunidad de Madrid según el Real Decreto 93/2024, de 23 de enero, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la entidad social Cruz Roja Española para la puesta en marcha durante el año 2024 del Programa del Fondo Social Europeo Plus de Asistencia
Material Básica (Programa Básico).

La programación de los Fondos estructurales de la Unión Europea (UE) para el actual
período 2021-2027 cambia el planteamiento de la gestión de los fondos destinados a dar cobertura a las situaciones de privación material, hasta ahora ejecutados en el marco del Fondo de Ayuda Europea a las personas más Desfavorecidas (FEAD), incorporándolos al Fondo Social Europeo Plus (FSE+). El FSE+ ofrece la posibilidad de reforzar el derecho de
todas las personas que lo necesiten a la cobertura de alimentos y/o prestación de asistencia
material básica, con garantía pública, a través de sistemas normalizados que respeten la dignidad y eviten la estigmatización de las personas, así como la de implementar enfoques de
atención más integrales.
En su regulación, contenida en el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus
(FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1296/2013, se recoge en el artículo 4,
como uno de sus objetivos específicos, el hacer frente a la privación material mediante alimentos y/o prestación de asistencia material básica a las personas más desfavorecidas, en particular
a los y las menores, y establecer medidas de acompañamiento que apoyen su inclusión social.
El Reglamento (UE) 2021/1060, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de
Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el
Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados, en su artículo 8, estipula que los Estados miembro deben garantizar la organización y la ejecución de una asociación global, que debe incluir a autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas, los socios económicos y
sociales, los organismos pertinentes que representen a la sociedad civil y, en su caso, organizaciones de investigación y universidades. Esta asociación funcionará con el principio de
gobernanza en varios niveles.
A tales efectos, el 15 de diciembre de 2021, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó el “Acuerdo sobre la programación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en relación con el objetivo de lucha contra
la privación material”, por el cual la concentración temática de lucha contra la privación material se gestionará a través de un Programa único a nivel estatal con organismos intermedios en
cada una de las Comunidades y Ciudades autónomas, Acuerdo que fue publicado por Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales.
En posterior reunión celebrada el 7 de abril de 2022, el Consejo Territorial de Servicios
Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia estableció las bases comunes generales para distribuir los fondos estimados que corresponderían a cada comunidad
autónoma y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la gestión autónoma de los mismos y para
el desarrollo del sistema de prestación de asistencia material básica en el país.
Este acuerdo plasmó un enfoque metodológico, con garantía pública, y estableció que
la provisión se realizara de manera indirecta, a través de sistemas normalizados que respeten la dignidad y eviten la estigmatización de las personas, garantizando asimismo la participación activa de las personas afectadas, con capacidad de decisión respecto a todos los aspectos que les afectan, incluyendo la provisión de sus necesidades básicas y la puesta en
marcha medidas de acompañamiento.

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