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B.O.C.M. Núm. 146

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025

Pág. 189

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Digitalización
ORDEN 143/2025, de 30 de mayo, de la Consejería de Digitalización, por la que
se modifica la Orden 102/2024, de 12 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la capacitación digital de los ciudadanos en el marco del Plan de Capacitación Digital de los Ciudadanos de la Comunidad de Madrid 2022-2025 y del
Componente 19 Inversión 1 “Plan Nacional de Competencias Digitales (Digital
Skills)”, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España —financiado por la Unión Europea— NextGenerationEU,
para el año 2024; y se aprueba su convocatoria para 2025.

El 3 de septiembre de 2024 se publicó en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID la Orden 102/2024, de 12 de agosto, de la Consejería de Digitalización, por la que
se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la capacitación digital de los ciudadanos en el marco del Plan de Capacitación Digital de los Ciudadanos de la Comunidad de Madrid 2022-2025 y del Componente 19 Inversión 1 “Plan Nacional de Competencias Digitales (Digital Skills)”, con cargo al
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado
por la Unión Europea-NextGenerationEU, para el año 2024.
La Comisión Europea, junto a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial del Ministerio de Hacienda, encargada de coordinar el citado Componente 19, han
abierto una fase de estudio de la modificación las decisiones de ejecución del Consejo
(CID) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la prospectiva de modificar los objetivos permitiendo que el objetivo de personas formadas se complemente con
otro vinculado a las acciones formativas impartidas.
Así, para la CID 286, se ha modificado la fecha de cumplimiento del objetivo, ampliando
formalmente al 31 de diciembre de 2025 el plazo para tener comprometido el 75 por 100 del
crédito transferido a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con las cuantías recogidas
en el Acuerdo de Conferencia Sectorial de 27 de abril de 2023.
En cuanto a la CID 288, se está estudiando la modificación del indicador de contabilización de actuaciones formativas, que pasaría de ser el de número de personas destinatarias
de las acciones formativas, al de número de acciones formativas realizadas.
Es por ello, que con objeto de convocar las ayudas para 2025 y tener en cuenta los posibles cambios en el objetivo CID 288, se modifica la Orden 102/2024, de 12 de agosto, y
se procede a la convocatoria del ejercicio 2025.
La presente Orden se dicta en virtud de las siguientes competencias del Decreto 261/2023,
de 29 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Digitalización:
— La promoción y apoyo al desarrollo de la sociedad digital para los ciudadanos.
— La elaboración y desarrollo tanto de planes estratégicos como de acción, para la
consecución de los objetivos marcados en materia de sociedad digital.
— La coordinación y ejecución de las políticas de impulso de la sociedad de la información, contribuyendo a la reducción de la brecha digital.
— El diseño, coordinación, seguimiento y evaluación de programas de capacitación
y certificación de competencias digitales como factor clave para el desarrollo socioeconómico y la empleabilidad, sin perjuicio de las competencias de otras consejerías.
La presente Orden se adecua a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Se adecúa al principio de proporcionalidad, dado que contiene la regulación imprescindible
para modificar las bases reguladoras de estas subvenciones, y su convocatoria para 2025.
De la misma forma, esta norma se adecúa al principio de seguridad jurídica ya que su
tramitación se ajusta a la normativa europea y a la legislación estatal básica y autonómica

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