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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 31 DE MARZO DE 2026

B.O.C.M. Núm. 76

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales
ORDEN 645/2026, de 16 de marzo, de la Consejería de Familia, Juventud y
Asuntos Sociales, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento de oficinas de vida independiente para el apoyo a personas con discapacidad
y enfermedad mental. La presente Orden se dicta en base a la Memoria del Análisis de Impacto Normativo elaborada por la Dirección General de Atención a
Personas con Discapacidad de fecha 11 de marzo de 2026.

La Constitución Española, en su artículo 49, establece la obligación de los poderes públicos de impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión
social y laboral de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles.
Asimismo, fomentarán la participación activa de estas personas en la vida política, social,
económica y cultural.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de dependencia, refuerza la necesidad de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vida independiente y la inclusión social de las personas con discapacidad.
Asimismo, la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, pone el foco en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, alineándose con los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2007.
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos
Sociales, ha venido impulsando diversas actuaciones destinadas a fomentar la vida independiente y la autodeterminación de las personas con discapacidad, pero carece de una línea
específica de apoyo estructural a las Oficinas de Vida Independiente.
En este contexto, las Oficinas de Vida Independiente se configuran como dispositivos
clave para proporcionar apoyos personalizados y promover la autonomía y la participación
social de las personas con discapacidad, especialmente aquellas con mayores necesidades
de apoyo, como es el caso de las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo o con
enfermedad mental grave y duradera.
Estas oficinas son un recurso esencial para garantizar el ejercicio efectivo del derecho
a la autonomía personal, la toma de decisiones y la inclusión social, tal y como establece la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la colaboración con el movimiento asociativo y las entidades sin ánimo de lucro.
La creación de esta línea de subvenciones responde a la necesidad de dotar de estabilidad y continuidad a entidades que impulsan la asistencia personal, evitando la dependencia
de proyectos puntuales, y fomentando la igualdad de oportunidades en toda la Comunidad
de Madrid. Por otra parte, se evita el riesgo de institucionalización de las personas con discapacidad y/o con enfermedad mental, por carencia de alternativas de apoyo comunitario.
Por ello, resulta necesario establecer unas bases reguladoras que permitan articular la
concesión de subvenciones destinadas al mantenimiento de oficinas de vida independiente
gestionadas por entidades sin fin de lucro, dotando de estabilidad y suficiencia financiera a
las Oficinas de Vida Independiente para garantizar apoyos personalizados y flexibles que
permitan a las personas con discapacidad y enfermedad mental ejercer plenamente su derecho a la autonomía personal y a la inclusión en la comunidad.
Esta norma representa una oportunidad para impulsar un modelo de apoyo comunitario que fomente la autonomía personal, fortalezca la red de asistencia personal y contribuya a la cohesión social y territorial, en línea con los compromisos internacionales y las estrategias de discapacidad y salud mental vigentes.
Por otra parte, el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que, en el ejercicio de la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de

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