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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
MARTES 5 DE MAYO DE 2026

B.O.C.M. Núm. 105

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
ORDEN de 22 de abril de 2026, del Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los premios “Pueblos con Vida” y se convoca su I edición.

La Comunidad de Madrid ostenta competencias en materia de organización territorial,
cooperación con las entidades locales, desarrollo local y reequilibrio territorial, conforme a
lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
En ejercicio de dichas competencias, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, a través de la Dirección General de Reequilibrio Territorial, desarrolla actuaciones dirigidas al impulso de la cohesión territorial, la dinamización de la vida local y el
fortalecimiento del tejido social y económico de los municipios de la Comunidad de
Madrid, especialmente aquellos de menor población.
De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 41 de la Ley 1/1983, de 13 de
diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, corresponde a los
consejeros la dirección de sus respectivas Consejerías y el ejercicio de la potestad reglamentaria en el ámbito de sus competencias.
El Decreto 229/2023, de 6 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, atribuye a la Dirección
General de Reequilibrio Territorial funciones específicas en materia de apoyo a los municipios, impulso del desarrollo local y promoción de iniciativas que contribuyan a mejorar
la actividad económica, social y comunitaria de los municipios madrileños, particularmente aquellos con población igual o inferior a 20.000 habitantes. Estas competencias habilitan
a dicho centro directivo para promover actuaciones destinadas a poner en valor proyectos
públicos y privados que contribuyan al desarrollo y dinamización de los municipios de menor población.
En este contexto, se considera oportuno articular un instrumento de fomento que permita incentivar, reconocer y visibilizar iniciativas públicas y privadas que se desarrollen en
municipios de la Comunidad de Madrid con población igual o inferior a 20.000 habitantes,
favoreciendo la difusión de buenas prácticas y el intercambio de experiencias que puedan
servir de referencia para otros territorios.
A tal fin, mediante la presente orden se aprueban las bases reguladoras y se convoca
la concesión de subvenciones, bajo la denominación “Premios Pueblos con Vida”, destinadas a apoyar proyectos e iniciativas que contribuyan al desarrollo local, la cohesión social,
la dinamización cultural, la promoción del emprendimiento y la mejora de la calidad de
vida en los municipios madrileños de menor población.
La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; en su normativa de desarrollo; y de conformidad con el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local vigente.
Durante el procedimiento de elaboración se han recabado los informes preceptivos de
los distintos órganos de la Comunidad de Madrid con competencia para ello.
Asimismo, la presente orden se adecua a los principios de buena regulación recogidos
en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, la presente orden se adecua a los principios de necesidad y eficacia, en cuanto responde a la conveniencia de articular un instrumento específico de fomento que permita reconocer y visibilizar iniciativas desarrolladas
en municipios de menor población; al principio de proporcionalidad, dado que contiene la
regulación imprescindible para establecer las bases de los premios sin imponer cargas innecesarias a las personas y entidades participantes; al principio de seguridad jurídica, al integrarse coherentemente en el marco normativo estatal y autonómico en materia de subvenciones y régimen local; al principio de transparencia, al establecer criterios objetivos de
valoración, reglas claras de procedimiento y mecanismos de publicidad de las resoluciones;

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