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Núm. 158

Lunes 1 de julio de 2024

Sec. III. Pág. 75805

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
13265

Resolución de 11 de abril de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de
fiscalización de contratos de servicios de seguridad privada y de limpieza en
el ámbito empresarial estatal no financiero, ejercicios 2018 y 2019.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del
día 11 de abril de 2024, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del
Informe de fiscalización de contratos de servicios de seguridad privada y de limpieza en
el ámbito empresarial estatal no financiero, ejercicios 2018 y 2019, acuerda:
1. Instar al Gobierno, respecto a las entidades del sector público empresarial estatal a:
– Planificar las actuaciones preparatorias de los expedientes de contratación, de una
forma metódica y organizada, que permita que los trabajos no se dilaten en el tiempo al
objeto de evitar tener que acudir a procedimientos de adjudicación de carácter
extraordinario e incidencias sobrevenidas.
– Determinar con mayor nivel de precisión, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrir con los contratos proyectados, así como la idoneidad
de su objeto y contenido para satisfacerlas, evitando la utilización de fórmulas genéricas.
– Propiciar la división del objeto del contrato en lotes para facilitar el acceso a la
contratación de las pequeñas y medianas empresas, evitando limitar la participación de
estas como licitadoras en beneficio de aquellas que cuentan con una gran infraestructura
de medios personales y materiales.
– Que los criterios de adjudicación y el establecimiento de garantías para su
cumplimiento sean especialmente claros en los aspectos sociales o laborales vinculados
al objeto del contrato, para evitar así posibles márgenes de discrecionalidad en la
evaluación de la mejor relación calidad-precio y garantizar el cumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales.
– Baremar los distintos aspectos a valorar en cada criterio de adjudicación,
expresamente en los pliegos de condiciones, garantizando con ello la igualdad de trato y
evitando otorgar un margen de discrecionalidad al órgano de contratación en la
adjudicación de los contratos. Las entidades deberían mejorar sus procedimientos
internos para garantizar un seguimiento y control de las obligaciones de los
adjudicatarios en el ámbito sociolaboral.
Instar a las entidades fiscalizadas a:

– Planificar las actuaciones previas de los expedientes de contratación, de una
forma metódica y organizada con la finalidad de no dilatar los trabajos y evitar así los
procedimientos de adjudicación de carácter extraordinario e incidencia sobrevenidas.
– Concretar con mayor nivel de precisión la naturaleza y extensión de las
necesidades que se pretenden cubrir con los contratos proyectados, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, evitando la utilización de fórmulas
genéricas.
– Propiciar la división del objeto del contrato en lotes para facilitar el acceso a la
contratación de las pequeñas y medianas empresas, evitando limitar la participación de
estas como licitadoras en beneficio de aquellas que cuentan con una gran infraestructura
de medios personales y materiales.
– Que los criterios de adjudicación y el establecimiento de garantías para su
cumplimiento sean especialmente claros en los aspectos sociales o laborales vinculados

cve: BOE-A-2024-13265
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