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Núm. 115

Martes 12 de mayo de 2026

Sec. III. Pág. 65622

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
Orden HAC/459/2026, de 22 de abril, de declaración de suministros y
servicios de contratación centralizada y por la que se determina el
procedimiento de su contratación.

La contratación pública ha sido objeto de numerosa normativa desde la entrada en
vigor de la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de
contratación centralizada.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, si bien tiene como motivo
determinante la transposición de las dos Directivas citadas, no es el único. Así, esta ley trata
de diseñar un sistema de contratación pública más eficiente, transparente e íntegro, mediante
el cual se consiga un mejor cumplimiento de los objetivos públicos, tanto a través de la
satisfacción de las necesidades de los órganos de contratación, como mediante una mejora
de las condiciones de acceso y participación en las licitaciones públicas de los operadores
económicos, y, por supuesto, a través de la prestación de mejores servicios a sus usuarios.
Hay que destacar el nuevo régimen que se establece en esta ley respecto de la
contratación centralizada. La racionalización técnica de la contratación se regula en un
capítulo específico, dentro del título I del libro segundo, diferente a las normas referidas a
la preparación y a la adjudicación de los contratos, por cuanto aquella tiene sustantividad
propia, y aunque muchos de los artículos que la regulan entrarían dentro de esa
preparación y adjudicación de los contratos, también hay otros que regulan aspectos
referidos a los efectos y extinción.
La citada ley regula el régimen general de la contratación centralizada en el ámbito
estatal y, de forma concreta, el sistema estatal de contratación centralizada, en su
artículo 229, precepto que ha sido objeto de modificación a través de la disposición final
vigésima séptima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2023.
Entre las novedades de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, también se encuentra la
modificación del término «organismo interesado» por el de «organismo destinatario de la
prestación», circunstancia que se recoge en esta orden.
Por otra parte, la evolución y los cambios que han tenido lugar en el ámbito de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el elevado grado de
implantación de la Administración Digital en los últimos años, obligan a redefinir los
suministros y servicios declarados de contratación centralizada.
En los años transcurridos desde la entrada en vigor de la declaración de contratación
centralizada han aparecido nuevos avances, como la provisión de servicios en la nube,
la disciplina de la gestión del dato o la creciente importancia de la ciberseguridad.
Asimismo, la experiencia acumulada durante estos años aconseja ordenar y clarificar
algunos de los servicios TIC declarados de contratación centralizada, así como actualizar
el umbral de licitación fijado para la contratación centralizada de servicios dirigidos a la
transformación y funcionamiento digital de la Administración Pública, adaptándolo al
incremento de los costes experimentado en el sector.
Por otra parte, la Secretaría General de Administración Digital (SGAD), en la
actualidad la Agencia Estatal de Administración Digital, ya puso de manifiesto la existencia
de proyectos singulares que, con carácter excepcional, es necesario poder contratar al
margen del sistema estatal de contratación centralizada. Se trata de proyectos que
integran una pluralidad de servicios y suministros, individualmente declarados de
contratación centralizada, pero cuya desagregación en varios contratos dificulta su

cve: BOE-A-2026-10307
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