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Núm. 153

Miércoles 24 de junio de 2026

Sec. III. Pág. 87661

III. OTRAS DISPOSICIONES

CORTES GENERALES
13713

Resolución de 28 de abril de 2026, aprobada por la Comisión Mixta para las
Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de
fiscalización de seguimiento de las recomendaciones incluidas en el Informe
global del sector público autonómico, ejercicio 2022.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del
día 28 de abril de 2026, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del
Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2022 acuerda:
1. Asumir el contenido, conclusiones y recomendaciones comprendidas en el
Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2022, sin perjuicio y a salvo de las
objeciones parciales que se formulan a continuación.
2. Mostrar su acuerdo con el Informe global del sector público autonómico,
ejercicio 2022, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas,
que limitan y afectan a su representatividad.
3. Instar al Ministerio de Hacienda a:
Establecer, de acuerdo con las comunidades autónomas, criterios unificados en torno
a la delimitación subjetiva del sector público autonómico, así como sistemas de
adaptación a ellos.
Establecer instrumentos de información actualizada de cara a que las comunidades
autónomas aporten datos referidos a la homologación de sus respectivos sectores
públicos, a los efectos previstos en el Informe del Tribunal de Cuentas.
Instar a las comunidades autónomas a:

Aprobar, si no lo han hecho todavía, los cambios normativos precisos en la definición
de los criterios de pertenencia de las entidades al sector público autonómico y, a tal
efecto, establecer como criterio de pertenencia al sector público regional no solo la
participación mayoritaria de la comunidad en los fondos propios de la entidad, sino
también el mantenimiento de una posición de dominio a través del control de sus
órganos de gobierno o de la financiación de sus actividades, de manera análoga a la
regulación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
para el ámbito estatal. Ello permitirá que entidades que adolecen de una indudable
naturaleza, composición o control público no queden fuera del ámbito de rendición de
cuentas, fiscalización, tanto interno como externo.
Seguir avanzando en la modificación de los estatutos de aquellos consorcios y
fundaciones en los que las administraciones autonómicas tengan participación para
determinar su administración de adscripción y, así, clarificar el régimen jurídico al que se
encuentran sometidas.
Desarrollar normativamente el establecimiento de un sistema de supervisión continua
de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los
motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera y que debe incluir la
formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.
Impulsar las actuaciones necesarias para la disolución y liquidación de las entidades
del sector público institucional autonómico sin actividad y la culminación de los procesos
de extinción en curso.
Culminar el proceso de normalización contable público con el Plan General de
Contabilidad Pública del Estado de 2010, aplicando el Plan estatal en tanto no se
apruebe el correspondiente Plan autonómico.

cve: BOE-A-2026-13713
Verificable en https://www.boe.es

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