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Miércoles 22 de enero de 2025

I

4027

DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
DECRETO 157/2024, de 17 de diciembre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y
salud en el trabajo de las personas trabajadoras con discapacidad en las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la
primera convocatoria. (2024040269)
El artículo 149.1.7 de la Constitución Española atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. Del mismo modo, el artículo 40.2 del texto constitucional encomienda a los
poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar
por la seguridad e higiene en el trabajo.
El derecho al empleo, la promoción de las condiciones para que la igualdad de la ciudadanía
sea real y efectiva, la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y el
fomento de la participación de los ciudadanos/as en la vida política, económica, cultural y
social son un derecho básico y objetivos prioritarios en la actuación de las Administraciones
Públicas.
Tales objetivos son particularmente relevantes en el caso de las personas con discapacidad,
cuya actividad laboral efectiva, supone un elemento clave y trascendental para conseguir su
plena inserción social, y su desarrollo personal, en condiciones de igualdad.
Como consecuencia de este mandato constitucional, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, se erige en el pilar fundamental para el desarrollo de una
política de protección de la salud de los trabajadores/as mediante la prevención de riesgos
laborales.
Así, en su artículo 5 establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la
promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección
y de la seguridad y salud de las personas trabajadoras en el trabajo. Del mismo modo, continúa señalando el citado precepto en su apartado tercero, que las Administraciones Públicas
fomentarán aquellas actividades en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas
formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención.