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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 211 - Martes, 29 de octubre de 2024

página 53047/1

1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL
Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad, establece en su artículo 1.2 que está constituido por los principios básicos y
requisitos mínimos necesarios para una protección adecuada de la información tratada
y los servicios prestados por las entidades de su ámbito de aplicación, con objeto de
asegurar el acceso, la confidencialidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad, la
disponibilidad y la conservación de los datos, la información y los servicios utilizados por
medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias.
Conforme establece el artículo 156.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, está constituido por los principios básicos y requisitos
mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.
Su finalidad última es la creación de las condiciones necesarias de confianza en el
uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar la seguridad de los
sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos, que permita a la
ciudadanía y a las Administraciones Públicas, el ejercicio de derechos y el cumplimiento
de deberes a través de estos medios.
En su artículo 12, exige que cada Administración Pública cuente con una política de
seguridad formalmente aprobada por el órgano competente, la cual deberá establecerse
de acuerdo con los principios básicos señalados en el Capítulo II de dicho Real Decreto.
Para dar cumplimiento a los requisitos y finalidades del ENS en su propio ámbito, la
Junta de Andalucía aprobó el Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece
la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones en la
Administración de la Junta de Andalucía. Conforme a lo dispuesto en su artículo 1.1,
este decreto tiene por objeto definir y regular la política de seguridad de las tecnologías
de la información y comunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía,
conformando, junto a las disposiciones y documentos técnicos que la desarrollen, el
marco regulador de seguridad TIC. Asimismo, su artículo 10.1 establece que cada
Consejería y entidad incluida en su ámbito de aplicación deberá disponer formalmente de
su propio documento de política de seguridad TIC aprobado por su persona titular.
El citado decreto conforme a lo dispuesto en su artículo 7, crea en el seno de la
Comisión Interdepartamental de la Sociedad de la Información de la Junta de Andalucía,
como órgano colegiado de coordinación y gobierno en materia de seguridad en el ámbito
de la Administración de la Junta de Andalucía, el Comité de Seguridad TIC de la Junta
de Andalucía. De otro lado, en su artículo 10.1 dispone que cada Consejería y entidad
deberá contar con un Comité de Seguridad TIC, que no tendrá carácter colegiado y que
actuará como órgano de dirección y seguimiento en materia de seguridad de los activos
TIC de su titularidad o cuya gestión tenga encomendada.
Lo dispuesto en el Decreto 1/2011, de 11 de enero, hizo necesario un cambio en la
organización corporativa de la seguridad de la información, creando nuevas estructuras y
perfiles con responsabilidad en la seguridad. Por tanto, ante la necesidad de establecer
la estructura organizativa recogida en el mismo que da respuesta a las obligaciones
impuestas por el Esquema Nacional de Seguridad, se dictó la Orden de la Consejería de
la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, de 30 de agosto de 2018,
por la que se establece la política de la seguridad de las tecnologías de la información
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00309996

Orden de 23 de octubre de 2024, por la que se establece la Política de Seguridad
TIC, Seguridad Interior y Protección de Datos Personales de la Consejería de la
Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.