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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 221 - Miércoles, 13 de noviembre de 2024

página 53833/1

3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA
Y DESARROLLO RURAL
Orden de 5 de noviembre de 2024, por la que se establece la política de
seguridad de la información de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y
Desarrollo Rural.

El Decreto del Presidente 6/2024, de 29 de julio, sobre reestructuración de
Consejerías, establece la organización en Consejerías de la Administración de la Junta
de Andalucía y mantiene para la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo
Rural (en adelante la Consejería), las competencias que tenía ya atribuidas, así como las
hasta ahora ejercidas por la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía
Azul en materia de uso, gestión y conservación sostenible de los recursos marinos y por
la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en
materia de protección y tenencia de los animales de compañía. El Decreto 157/2022, de 9
de agosto, modificado por el Decreto 165/2024, de 26 de agosto, establece la estructura
orgánica de la Consejería y las funciones que corresponden a sus órganos directivos en
aras de la mejor gestión de las competencias asignadas.
En el ámbito de actuación de la Consejería, los avances tecnológicos de la
informática, las telecomunicaciones y de la sociedad de la información son ya un hecho
consolidado, que afecta no solo a la sociedad sino también a la Consejería como poder
público. Son los poderes públicos los responsables de generar confianza en el uso por
parte de la ciudadanía de los medios tecnológicos en sus relaciones con la Administración
Pública y confianza en el uso seguro que realiza ésta de la información que registra,
almacena y procesa. Para conseguir esta confianza, permitiendo tanto a la ciudadanía,
los profesionales y las empresas, como a las Administraciones Públicas, el ejercicio de
derechos y el cumplimiento de deberes, los medios tecnológicos utilizados deben ser
seguros y para ello se debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
la información, de los sistemas, de las comunicaciones y de los servicios telemáticos, al
igual que la vigilancia, protección de las personas, órganos, edificios, establecimientos
y dependencias propias de la Consejería, como garantía de funcionamiento de nuestras
instalaciones y de la seguridad de los personas usuarias de nuestros servicios.
Las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, vienen a configurar un escenario en el que la tramitación electrónica debe
constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus múltiples vertientes de
gestión interna, de relación con la ciudadanía y de relación de aquellas entre sí.
En concreto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene como uno de sus objetivos
centrales regular las relaciones entre las Administraciones y la ciudadanía y empresas,
teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación
de los últimos años y cómo este afecta a las relaciones entre estos agentes. Pretende
implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente,
mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos
de tramitación. Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, procura dotar a nuestro
sistema legal de una norma comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones
Públicas, regulando el funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones
entre ellas.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

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