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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 232 - Jueves, 28 de noviembre de 2024

página 54769/1

3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

El artículo 3.3 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades y Retribuciones del
personal Alto Cargo de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de
Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones del personal Alto Cargo y otros Cargos
Públicos, en la redacción dada por el artículo único apartado cuatro del Decreto-ley 11/2023,
de 27 de diciembre, dispone que las personas comprendidas en su ámbito de aplicación
podrán compatibilizar sus funciones con el ejercicio, retribuido o no, de la docencia en
la enseñanza universitaria, siempre que no suponga detrimento de su dedicación y, en
todo caso, con un límite no superior a las setenta y cinco horas anuales o su equivalencia
con el régimen de dedicación del profesorado expresado en créditos ECTS siempre que la
retribución que, en su caso, se perciba no supere el 15% de las que les corresponda por
razón del cargo. Asimismo, se incluyen las actividades de investigación y de asesoramiento
científico o técnico, siempre que estén vinculadas a la universidad. Para el ejercicio de
estas actividades, la personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2005,
de 8 de abril, deberán solicitar y obtener la autorización expresa de la persona titular de la
Consejería competente en materia de administración pública.
Por otro lado, el artículo 8 bis de la Ley 3/2005, de 8 de abril, incorporado por el
artículo primero, apartado tres del Decreto-ley 6/2024, de 28 de mayo, establece que
las personas que en los dos años posteriores al cese en el desempeño del alto cargo
pretendan realizar una actividad privada en el mismo ámbito sectorial en el que haya
desarrollado sus funciones, deberá comunicarlo a la Consejería competente en materia
de administración pública y obtener, con carácter previo, autorización para el desarrollo
de la misma, por parte del titular de dicha Consejería.
Con la finalidad de agilizar la tramitación de estos procedimientos, en fechas 18 de
febrero de 2024 y 8 de octubre de 2024, se dictaron sendas órdenes del Consejero de
Justicia, Administración Local y Función Pública, por las que se delegaba la firma en la
persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, para resolver las
solicitudes que fueran presentadas en aplicación de los referidos artículos 3.3 y 8 bis, de
la Ley 3/2005, de 8 de abril. No obstante, en la actualidad, razones de eficacia y eficiencia
administrativa aconsejan llevar a cabo la delegación de las competencias de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, así como en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 6.3.f) del Decreto 622/2019,
de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos
y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía, se ha procedido a la creación
del formulario específico para solicitar la autorización para el desempeño de actividades
recogidas en el artículo 3.3 de la Ley 3/2005, de 8 de abril. De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 12.9 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, los formularios y modelos
específicos que tengan carácter obligatorio por establecerlo así de manera expresa la
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

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Orden de 25 de noviembre de 2024, por la que se delegan las competencias para
resolver los expedientes que se tramiten como consecuencia de las solicitudes
de autorización que sean presentadas en aplicación de los artículos 3.3 y
8 bis de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades y Retribuciones
del personal Alto Cargo de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones del personal Alto
Cargo y otros Cargos Públicos, y se aprueba y publica el formulario normalizado
de solicitud para el desarrollo de actividades vinculadas a la universidad.