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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 152 - Viernes, 8 de agosto de 2025
página 11096/1

1. Disposiciones generales
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

La integridad institucional constituye un pilar esencial del buen gobierno, una
condición no solo para que las instituciones y sus políticas sean eficaces sino para que,
además, sean consideradas legítimas. La preocupación por la corrupción es un hecho
que se constata en cada estudio de opinión, pero la integridad y sus contrarios, el fraude
y la corrupción, no afectan solo a la percepción ciudadana sobre política, gobernantes e
instituciones, sino que afectan también significativamente a la economía obstaculizando
la productividad tanto del sector público como del privado, incidiendo de forma negativa
en el desarrollo económico y en el consiguiente bienestar de la ciudadanía. En este
contexto de creciente exigencia social hacia la transparencia, la rendición de cuentas
y la ética pública, la Junta de Andalucía considera prioritario dotarse de una estrategia
integral que refuerce los valores de integridad, honestidad y buen gobierno en todas las
estructuras administrativas.
La ética pública se refiere al conjunto de principios morales que deben guiar la
conducta de las personas y organizaciones en el ámbito público, con el objetivo de
promover el bien común y la confianza en las instituciones. Implica un compromiso con la
transparencia, la honestidad, la responsabilidad y la justicia en el ejercicio de funciones
públicas, así como la promoción de la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Estos elementos son fundamentales tanto para la vida pública y la sociedad actual como
para el funcionamiento de las Administraciones Públicas y la calidad de los servicios que
recibe la ciudadanía.
En general, en el mundo contemporáneo y sobre todo en las democracias avanzadas,
se observa un crecimiento importante de la preocupación por la ética pública o de la ética
de las instituciones públicas y, por tanto, de la extensión de unos valores y normas de
conducta a quienes tienen la condición de cargos o empleadas y empleados públicos que
son quienes gestionan o administran bienes y servicios públicos.
La formulación de una estrategia de integridad se alinea con los marcos internacionales
de referencia en materia de integridad pública, incluyendo la Recomendación del Consejo
de la OCDE sobre Integridad Pública de 2017, el marco de valores y compromisos
recogido en la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad de la Función Pública de 2018,
las directrices de la Comisión Europea sobre la lucha contra la corrupción de 2023 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, particularmente el ODS 16
cuyo objetivo es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Atendiendo a esa necesidad, la Junta de Andalucía ha definido e impulsado
firmemente una estrategia de estímulo de la integridad. En ese compromiso por hacer
efectiva la ética y la integridad en las instituciones públicas, el Gobierno andaluz ha
venido desarrollando políticas concretas, tanto en la XI Legislatura, como en la actual XII
Legislatura. Estas iniciativas han supuesto avances significativos que, en algunos casos,
han situado a Andalucía a la vanguardia del conjunto de Comunidades Autónomas y de la
Administración General del Estado. Así, entre otras actuaciones, se han desarrollado un
conjunto de acciones orientadas a fortalecer la integridad institucional y la ética pública
entre los que destacan:
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X

https://www.juntadeandalucia.es/eboja

00324694

Acuerdo de 4 de agosto de 2025, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba la formulación de la Estrategia de Integridad Institucional de la Junta
de Andalucía 2025-2030.