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Núm. 254

Miércoles 22 de octubre de 2025

Sec. I. Pág. 137984

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Real Decreto 945/2025, de 21 de octubre, por el que se modifican el Real
Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales; el Real Decreto
204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes;
y el Real Decreto 211/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Juventud e Infancia.

El Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales, creó el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones
con las Cortes.
Posteriormente, se aprobó el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,
configurando los órganos superiores y directivos de cada departamento hasta el nivel de
dirección general y, entre ellos, los correspondientes al referido Ministerio.
Finalmente, el Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las
Cortes, estableció los órganos superiores y directivos del departamento hasta el nivel
orgánico de subdirección general y dispone las competencias de cada uno de ellos.
Dentro de las competencias del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones
con las Cortes figura la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en relación con
la Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y con el
Ministerio Fiscal, a través del Fiscal General del Estado. En concreto es la Secretaría de
Estado de Justicia, bajo la superior autoridad de la persona titular del Departamento, la
que ejerce la coordinación y colaboración con la Administración de las comunidades
autónomas al servicio de la justicia; la ordenación, planificación, apoyo y cooperación
con la Administración de Justicia y con la Fiscalía; así como la participación en las
relaciones del Ministerio con los órganos de gobierno del Consejo General del Poder
Judicial, del Ministerio Fiscal, los competentes en materia de justicia de las comunidades
autónomas.
Asimismo, corresponde a la Secretaría de Estado de Justicia el impulso y la iniciativa
para la elaboración de los proyectos normativos sobre las materias de su competencia y
aquellos otros encargados por el titular del Departamento. En este sentido, era necesario
abordar la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, pues han
pasado más de treinta y cinco años desde que aquella norma viniera a transformar el
modelo organizativo que se proyectaba sobre la organización territorial del Poder
Judicial, incluyendo relevantes modificaciones, algunas derivadas de la configuración
territorial del Estado en comunidades autónomas.
A su vez, de la Secretaría de Estado de Justicia dependen, por un lado, la Secretaría
General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, con rango de
Subsecretaría, de la que dependen, a su vez, la Dirección General para el Servicio
Público de Justicia, la Dirección General de Transformación Digital de la Administración
de Justicia y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública; y por otro, la
Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional.
En sus más de siete lustros de vigencia, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, ha sido objeto de numerosas reformas que apenas han modificado la
estructura de la organización de los tribunales, manteniendo la división territorial desde el

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