Página 1 del anuncio BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 71

Sábado 21 de marzo de 2026

Sec. I. Pág. 43245

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
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Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan
Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.

El pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel iniciaron una operación militar
conjunta contra el régimen de Irán, que a su vez respondió de forma indiscriminada
lanzando misiles contra bases militares estadounidenses en la región, alcanzando
objetivos en Baréin, Catar, Emiratos Árabes y Kuwait, Israel, Arabia Saudí, Turquía,
Azerbaiyán y una base británica situada en Chipre.
Desde entonces las hostilidades siguen en aumento, provocando, según distintas
organizaciones de derechos humanos, más de 1.300 fallecidos, entre población civil y
militares.
Junto a los daños personales, la guerra en Irán ha comenzado a provocar efectos
negativos en la economía mundial, con la caída generalizada de las bolsas
internacionales, la disrupción del tráfico aéreo y la afectación específica en el Estrecho
de Ormuz, habiendo sido bloqueado el tránsito de buques petroleros desde el inicio del
conflicto.
La importancia geoestratégica en Oriente Medio de este Estrecho determina que
muchos de los principales países productores de petróleo, tales como Emiratos Árabes,
Catar, Baréin, Kuwait, Arabia Saudí e Irak no puedan utilizar la salida al mar a través
del golfo Pérsico, ruta por la que se estima que transita el 20% del total del gas y
petróleo mundial.
Como consecuencia de este contexto, el precio del barril de Brent llegó a superar
los 119 dólares, mientras que el precio de referencia del gas natural en Europa, el
contrato TTF, llegó a escalar más de un 40% en una sola jornada. El conflicto sigue
activo y sin perspectiva de resolución a corto plazo, lo que mantiene los mercados
energéticos en una situación de elevada volatilidad y precios superiores a los niveles
previos a la crisis.
El impacto energético provocado por la guerra de Irán ha provocado que la Agencia
Internacional de la Energía (AIE) anunciase el pasado 11 de marzo la liberación de 400
millones de barriles durante 90 días de las reservas estratégicas de sus 32 países
miembros, entre los que España se encuentra, suponiendo el mayor volumen de
intervención desde la creación de este organismo.
En atención a esta acción coordinada de la AIE, el Consejo de Ministros, en su
reunión del pasado 17 de marzo, acordó liberar hasta 11,5 millones de barriles de
petróleo para moderar el impacto de la guerra en Irán. De esta forma, se ha autorizado la
liberación de productos petrolíferos equivalentes a 12,3 días de consumo nacional.
Todos estos acontecimientos han vuelto a recordar con crudeza una realidad ya
evidenciada en la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania
en 2022: la dependencia de combustibles fósiles importados constituye una
vulnerabilidad estructural de primera magnitud para nuestra economía y para el bienestar
de la ciudadanía.
Desde el inicio del conflicto, los mercados energéticos internacionales han registrado
perturbaciones de gran magnitud. El ataque iraní a la terminal de Ras Laffan en Catar
provocó la declaración de fuerza mayor sobre sus exportaciones de gas natural licuado,
que representan en torno al 20% del suministro mundial.
Si bien la exposición directa de las importaciones de España a estas rutas concretas
es limitada, las tensiones en puntos estratégicos del comercio energético mundial se

cve: BOE-A-2026-6544
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