Página 1 del anuncio BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 87

Jueves 9 de abril de 2026

Sec. I. Pág. 51121

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
7967

Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social.
FELIPE VI
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente ley:
PREÁMBULO

Las transformaciones de la economía y de nuestra sociedad, sometidas a una
aceleración sin precedentes tras la crisis sanitaria y el contexto de incertidumbre actual,
hacen necesaria la adecuación y actualización de las normas incluidas en esta ley. Se
diseña, de este modo, un marco legal comprensivo e integral favorable al mejor
desarrollo de la actividad de los principales actores de la economía social, contribuyendo
con ello a una mayor cohesión social y a un progreso más sostenible.
Con esta ley se pretende actualizar el marco normativo de la economía social,
ajustando un modelo eficaz a las nuevas circunstancias económicas y sociales.
En lo que atañe a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se busca su
adecuación y actualización de manera que se recojan los ajustes necesarios para
optimizar la eficacia del funcionamiento interno de las mismas en lo referido a las formas
de participación y el ejercicio de derechos digitales o telemáticos. Por otro lado, el
principio cooperativo de igualdad ha impulsado los avances de las cooperativas hacia
una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Es el momento de acompañar este
esfuerzo con las adaptaciones necesarias de la citada Ley 27/1999, de 16 de julio, de
acuerdo con la singularidad de esta forma empresarial, para una proyección adecuada
de los instrumentos de igualdad previstos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. De otra parte, se da prioridad a la
identidad cooperativa, recogida en el artículo 1 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de
acuerdo con los parámetros establecidos por la Alianza Cooperativa Internacional, al
concretar los supuestos de descalificación administrativa de entidades que, bajo la
apariencia de cooperativas, persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento
jurídico, o contrario a él. Asimismo, dando cumplimiento al mandato contenido en el
artículo 129.2 de la Constitución Española, se persigue fomentar las sociedades
cooperativas, a través de una legislación adecuada, que afronte los obstáculos
detectados en los últimos años, en un momento especialmente oportuno para reforzar su
papel en la generación y el mantenimiento del empleo de calidad.
Por su parte, la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de
las empresas de inserción, debe modificarse teniendo en cuenta que las sucesivas crisis
económicas y sus consecuencias a lo largo de las dos últimas décadas han profundizado
en las brechas de desigualdad existentes y han dado lugar a la aparición de nuevos
factores que incrementan el riesgo de exclusión social. Por ese motivo, resulta
imprescindible impulsar y favorecer aquellas fórmulas que están siendo eficaces en la
lucha contra estas brechas, contribuyendo con ello a mejorar el acceso efectivo de todas
las personas al conjunto de derechos que componen el estatuto de ciudadanía como
aportación al fortalecimiento de la salud de nuestra democracia.

cve: BOE-A-2026-7967
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