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Núm. 91

Martes 14 de abril de 2026

Sec. TC. Pág. 53309

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
8282

Pleno. Auto 23/2026, de 11 de marzo de 2026. Recurso de
inconstitucionalidad 7512-2025. Mantiene la suspensión acordada en el
recurso de inconstitucionalidad 7512-2025, interpuesto por el presidente del
Gobierno, en relación con la Ley 2/2025, de 4 de julio, de modificación de la
Ley 5/2017, de 5 de julio, de participación institucional de las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de
Murcia. Voto particular.

ECLI:ES:TC:2026:23A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido
Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada
Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, doña María Luisa Balaguer Callejón,
don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel
Jorquera, doña María Luisa Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan
Carlos Campo Moreno, doña Laura Díez Bueso y don José María Macías Castaño, en el
recurso de inconstitucionalidad núm. 7512-2025, interpuesto por el presidente del
Gobierno, en relación con la Ley 2/2025, de 4 de julio, de modificación de la Ley 5/2017,
de 5 de julio, de participación institucional de las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia, ha dictado, con
ponencia de la magistrada doña Concepción Espejel Jorquera, el siguiente
AUTO
Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el registro de este Tribunal Constitucional el
día 29 de octubre de 2025, el abogado del Estado, en representación del presidente del
Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 2/2025, de 4 de julio,
de modificación de la Ley 5/2017, de 5 de julio, de participación institucional de las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región
de Murcia.
El abogado del Estado invocó el artículo 161.2 CE y el artículo 30 de la Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional (LOTC), a fin de que se produjera la suspensión de la
aplicación de la disposición impugnada.
La demanda parte de la consideración de que la ley impugnada suprime la obligación
de financiación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas
mediante subvención nominativa en los presupuestos de la Región de Murcia para
compensar los gastos que la participación institucional les genere. Muy resumidamente
expuesto, se aduce que la ley impugnada, al descartar expresamente la financiación
pública directa y nominativa de la participación institucional de las organizaciones
sindicales y organizaciones empresariales más representativas, invade la competencia
exclusiva del Estado para la regulación del derecho de libertad sindical (arts. 28.1 y 81
CE), así como su competencia exclusiva en materia de legislación laboral (art. 149.1.7
CE). Señala que las comunidades autónomas no pueden regular el régimen de
representatividad sindical y empresarial, ni alterar el modelo de participación
institucional. Alega que la norma impugnada no respeta el criterio de «mayor
representatividad» para el ejercicio de funciones de participación institucional de las
organizaciones sindicales y empresariales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical (LOLS) y en el texto refundido de

cve: BOE-A-2026-8282
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I.