Página 1 del anuncio BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 92

Miércoles 15 de abril de 2026

Sec. I. Pág. 53342

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y RELACIONES CON LAS CORTES
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Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social.

España ha estado históricamente vinculada al hecho migratorio, que continúa
desempeñando un papel determinante en la configuración tanto de su presente como de
su proyección futura. En 1986, la población extranjera representaba alrededor de un 1 %
del total, mientras que en 2025 se sitúa en torno al 14%, lo que refleja que nuestro país
ha dejado de ser únicamente una tierra de tránsito o de emigración para consolidarse
como territorio de destino y de acogida.
Dentro de este contexto migratorio, España se consolida como un país en el que la
protección y garantía de los derechos humanos ocupa un lugar central. En este sentido, la
actuación de los poderes públicos se orienta a asegurar que todas las personas, con
independencia de su origen o trayectoria migratoria, puedan ejercer sus derechos
fundamentales en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad. Este enfoque no solo
refuerza la cohesión social y la confianza en las instituciones, sino que también se alinea
con los compromisos asumidos por España en el marco del Pacto Mundial para la
Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018. En particular, la promoción de vías de
migración regular más accesibles y flexibles, conforme al quinto objetivo, contribuye a
reducir la irregularidad y a fortalecer un modelo de movilidad humana ordenado y previsible.
Asimismo, la adopción de políticas orientadas a la protección de la vida y a la coordinación
internacional en situaciones de riesgo, coherentes con el octavo objetivo, refuerza el
compromiso del Estado con la salvaguarda de las personas migrantes y la prevención de
tragedias en los procesos migratorios. Todo ello sitúa a España como un actor responsable
y comprometido con la gestión humanitaria y segura de la movilidad internacional.
Igualmente, y en coherencia con esta vocación de país garante de los derechos
humanos, esta norma incorpora la perspectiva de la infancia como principio informador
del conjunto del texto. Si bien las políticas públicas de nuestro país se orientan a
proteger los derechos fundamentales de todas las personas, las personas menores de
edad cuentan con una tutela reforzada que exige respuestas específicas, adaptadas y
prioritarias. Esta aproximación asegura que la regulación atienda adecuadamente las
necesidades y vulnerabilidades propias de la infancia, situando el interés superior del
menor como eje central de la actuación administrativa. Del mismo modo, la norma otorga
un carácter preponderante a la perspectiva de género, que también actúa como principio
informador transversal, de forma que el texto contribuye a generar un impacto positivo en
términos de género, favoreciendo la reducción de desigualdades estructurales y
promoviendo una aplicación más equitativa de sus disposiciones.
El actual escenario geopolítico internacional, junto con las nuevas causas de
movilidad humana que se suman a las tradicionales, la inestabilidad en muchos países
inmersos en conflictos bélicos o crisis institucionales y el cambio climático, está
provocando una intensificación de la movilidad humana en todo el mundo. La búsqueda
de oportunidades y una vida mejor es una realidad constatada a lo largo de los años que
continuará en los próximos años. Nuestro país, por su situación geográfica y por la
percepción de estabilidad, seguridad y prosperidad económica y social, se ha convertido
en un destino prioritario de los flujos migratorios.

cve: BOE-A-2026-8284
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