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Núm. 109

Martes 5 de mayo de 2026

Sec. III. Pág. 62370

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y RELACIONES CON LAS CORTES
Resolución de 28 de abril de 2026, de la Dirección General para la Eficiencia
del Servicio Público de Justicia, por la que se convocan pruebas de aptitud
para el ejercicio de la profesión de la abogacía en España por parte de
ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea y otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

El Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012
relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del
Mercado Interior (Reglamento IMI), tiene por objeto establecer las normas y
procedimientos para permitir el acceso y ejercicio de una profesión regulada en
España mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en
otro u otros Estados miembros de la Unión Europea y que permitan a su titular ejercer
en él la misma profesión.
El artículo 22.3 del citado Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, dispone que, no
obstante lo dispuesto en el párrafo primero del apartado anterior, corresponderá a la
autoridad competente española prescribir, bien un periodo de prácticas o bien una
prueba de aptitud, en aquellas profesiones cuyo ejercicio exija un conocimiento
preciso del derecho positivo español, y en las que, en el desempeño de sus
actividades, sea un elemento esencial y constante emitir dictámenes, consejos o
asistencia sobre el derecho positivo español. En España, dichas profesiones son las
que se relacionan en el anexo VI (incluyéndose en dicho anexo «Relación de
profesiones reguladas para cuyo ejercicio se exige un conocimiento preciso del
derecho nacional», las profesiones de Abogado y Procurador), añadiendo en su último
párrafo que cuando se pretenda ejercer estas profesiones, la persona solicitante
deberá superar en todo caso una prueba previa de aptitud; prueba de actitud que se
regula en el artículo 23 del citado Real Decreto 581/2017, de 9 de junio.
La Orden PRE/421/2013, de 15 de marzo, por la que se desarrolla el Real
Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, en relación con la prueba de aptitud que
deben realizar los abogados y procuradores nacionales de algún Estado miembro de
la Unión Europea y de los Estados parte del Espacio Económico Europeo para
acreditar un conocimiento preciso del derecho positivo español, tiene por objeto
desarrollar la prueba de aptitud, a la que se hace referencia en los artículos 22 y 23
del Real Decreto 581/2017, de 9 de junio que, conforme a su disposición derogatoria
única, deroga el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, salvo a los solos
efectos de la aplicabilidad del sistema de reconocimiento los anexos VIII y X del citado
Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Orden PRE/421/2013, de 15 de
marzo, es competencia de la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia (actualmente, Dirección General para la Eficiencia del Servicio Público de
Justicia) convocar, mediante resolución, las pruebas de aptitud para acceder al ejercicio

cve: BOE-A-2026-9784
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