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Núm. 114

Lunes 11 de mayo de 2026

Sec. I. Pág. 64643

I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
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Ley 2/2026, de 28 de abril, de simplificación administrativa, mercado abierto y
calidad normativa.
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en
nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el
Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La simplificación y racionalización administrativa, como criterio de actuación de las
Administraciones públicas con el fin de facilitar las relaciones de estas con la ciudadanía
y las empresas, lleva presente varias décadas en el ordenamiento jurídico tanto europeo
y estatal como autonómico.
Sin menoscabo de notables antecedentes normativos, podemos destacar, como hito,
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, que determinó
el impulso de un marco regulatorio eficiente para las actividades económicas mediante la
simplificación de la legislación existente, la eliminación de regulaciones innecesarias, el
establecimiento de procedimientos más ágiles y la minimización de las cargas
administrativas.
Posteriormente, las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, representaron un enérgico respaldo a las medidas de
simplificación administrativa. En concreto, la Ley 39/2015, haciéndose eco de los
criterios de la Comisión Europea y de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, incorporó el principio de Better regulation y Smart regulation.
En nuestro ámbito autonómico estos principios de actuación habían sido incorporados
de forma temprana. La Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sentó las bases de la simplificación,
incluyendo como principios de la actuación administrativa la eficiencia en la asignación y en
la utilización de los recursos públicos, la planificación, gestión por objetivos y control de los
resultados, la racionalización de los procedimientos administrativos y de las actividades
materiales de gestión, el servicio efectivo y proximidad de la Administración a la ciudadanía,
así como la buena fe y confianza legítima. Tras la reforma operada por Ley 2/2018, de 30
de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2018, incluyó medidas de
buena regulación encaminadas a la consecución de estos principios desde el momento
mismo de diseño de las políticas públicas.
Por su parte, la Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y
simplificación administrativa, supuso un avance significativo en su momento, estableciendo
medidas concretas para conseguir una Administración pública más eficaz al servicio de la
ciudadanía. No obstante, los principios en ella previstos han quedado obsoletos ante los
avances tecnológicos y las nuevas expectativas de la ciudadanía y las empresas.
Nuestra comunidad autónoma se encuentra ahora en un momento crucial que
requiere una apuesta firme por la simplificación administrativa y la mejora regulatoria
para estimular la recuperación económica y enfrentar los desafíos del futuro. En un
entorno actual globalizado y altamente competitivo, de incertidumbre y volatilidad
económica, es fundamental que el Gobierno regional adopte medidas proactivas con el

cve: BOE-A-2026-10117
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