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Viernes 21 de marzo de 2025

II

14618

AUTORIDADES Y PERSONAL
1. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR Y DIÁLOGO SOCIAL
DECRETO 13/2025, de 18 de marzo, por el que se dispone el nombramiento
de don Luis López Reyes como vocal de la Comisión Jurídica de Extremadura.
(2025040032)

La Ley 2/2021, de 21 de mayo, de defensa, asistencia jurídica y comparecencia en juicio de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, regula en su disposición adicional primera la Comisión Jurídica de Extremadura como órgano colegiado consultivo de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, que se incardina orgánicamente en la Abogacía General y ejerce las funciones que le atribuye la citada ley con independencia de criterio jurídico.
La Comisión Jurídica de Extremadura, como órgano colegiado, estará compuesta por el presidente, que tendrá voto de calidad, y cuatro vocales, además del secretario, que será un
funcionario letrado de la Abogacía General, que tendrá voz, pero no voto.
En el Diario Oficial de Extremadura número 38, de fecha 25 de febrero de 2025 se publica el
Decreto 9/2025, de 24 de febrero, por el que se dispone el cese de D.ª María Josefa Guerrero
Hernández como vocal del citado órgano colegiado.
Por su parte, el Reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la
Junta de Extremadura, de su Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura
aprobado mediante Decreto 1/2022, de 12 de enero, establece en su artículo 59.2 que “Las
personas que desempeñen la Presidencia y las Vocalías serán nombradas mediante Decreto
del Consejo de Gobierno, a propuesta de quien ostente la titularidad de la Consejería a la que
esté adscrita la Abogacía General, debiendo reunir los siguientes requisitos:
1º Ser personal funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Letrados o del Cuerpo de Titulados Superiores Especialidad Jurídica de la Junta de Extremadura, de la Asamblea de Extremadura o de cualquier cuerpo o especialidad similar de cualquier Administración pública siempre
que acrediten reunir las cualificaciones jurídicas y profesionales que garanticen un adecuado
conocimiento en las materias sobre las que deberán conocer y, especialmente, en materia de
contratación del sector público.