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Lunes 2 de febrero de 2026

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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2026, de la Dirección General de Personal
Docente, por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º 57/2025, de
13 de mayo de 2025 del procedimiento abreviado n.º 132/2024 del Juzgado
de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida. (2026060246)
Con fecha, 13 de mayo de 2025, se dictó sentencia 57/2025 derivada del procedimiento abreviado 132/2024 seguido ante el Juzgado de lo Contencioso- administrativo n.º 2 de Mérida a
instancias de D. Fernando Díaz Pines Mansilla.
El interesado interpuso recurso contra la Resolución de 3 de abril de 2024 del Director General de Personal Docente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la
Junta de Extremadura y por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la
interesada contra la Resolución de 19 de febrero de 2024 de la Dirección General por la que se
hace pública la puntuación definitiva de los participantes en el concurso de traslados; contra
la resolución de 18 de abril de 2024 de la Dirección General de Personal Docente, por la que
se resuelve con carácter definitivo el concurso de traslados convocado por Resolución de 15
de noviembre de 2023 y contra las bases de la convocatoria aprobadas por Resolución de 15
de noviembre de 2023.
La Administración interpuso recurso de apelación n.º 130/2025 ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, contra la mentada sentencia.
Con fecha 17 de octubre de 2025, se dicta sentencia 465/2025 por la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que viene a confirmar el fallo
de la Sentencia de instancia y a desestimar el recurso de apelación.
Contra la mentada sentencia, que es firme, no cabe interponer recurso alguno, por lo que
procede su ejecución.
El artículo 40.1 del Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de
su Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura, establece: “Corresponde la
ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que
legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por
razón de la materia sobre la que el litigio haya versado”.
El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación ad­
ministrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el órgano competente
realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la resolución judicial,
dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.