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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
JUEVES 30 DE JULIO DE 2026

B.O.C.M. Núm. 180

I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local
ACUERDO de 29 de julio de 2026, del Consejo de Gobierno, por el que se
dispone la ampliación general de los plazos de todos los procedimientos administrativos que sean competencia de la Administración de la Comunidad
de Madrid y de las Entidades de su Sector Público, como consecuencia de los
incendios forestales iniciados el 22 de julio de 2026.

El 22 de julio de 2026 se iniciaron en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid distintos incendios forestales que han producido una interrupción generalizada del suministro
eléctrico y de las redes de telecomunicaciones, con especial incidencia en la Sierra Oeste
de la Comunidad de Madrid. Como consecuencia de la intensidad de la caída del sistema
eléctrico, se ha interrumpido de forma grave el normal funcionamiento de infraestructuras
críticas, comunicaciones, transporte público y servicios esenciales en el territorio de la Comunidad de Madrid.
Por ello, la Comunidad de Madrid, en virtud del artículo 29 de la Ley 17/2015, de 9 de
julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, solicitó la declaración de la emergencia de interés nacional para el territorio de la Comunidad de Madrid, que se ha declarado mediante Orden INT/748/2026, de 23 de julio. Estos hechos tienen la condición de notorios y no precisan
de prueba alguna (artículo 281.4 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil).
Esta situación ha afectado gravemente al normal funcionamiento de los servicios públicos, a las sedes electrónicas y registros electrónicos, a los sistemas de información y aplicaciones utilizados en la tramitación de los procedimientos administrativos de la Comunidad de Madrid y al ejercicio de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos e
interesados, que se han visto imposibilitados o gravemente dificultados para relacionarse
—tanto de forma telemática como presencial— con la Administración de la Comunidad de
Madrid y con las entidades de su sector público.
Asimismo, la propia Administración autonómica se ha visto impedida para realizar las
actuaciones administrativas necesarias para la instrucción, tramitación y resolución de los
procedimientos administrativos en curso.
La concurrencia de estas circunstancias excepcionales constituye un supuesto de fuerza mayor y de incidencia técnica en el sentido del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que habilita a la Administración para acordar la ampliación de los plazos.
El artículo 32 de la Ley 39/2015 tiene carácter básico al amparo del artículo 149.1.18.a
de la Constitución Española y habilita a cada Administración Pública —incluidas las Comunidades Autónomas respecto de los procedimientos de su competencia— para acordar
la ampliación de plazos, singularmente cuando una incidencia técnica haya imposibilitado
el funcionamiento ordinario de los sistemas o aplicaciones correspondientes.
En consecuencia, se considera necesaria la ampliación general de los plazos de todos
los procedimientos administrativos que sean competencia de la Administración de la Comunidad de Madrid y de las entidades de su sector público, con la doble finalidad de: (a)
garantizar los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos e interesados, que no han
podido cumplir sus obligaciones y trámites como consecuencia de la emergencia; y (b) permitir a la propia Administración autonómica la adecuada instrucción y resolución de los
procedimientos en curso.
En su virtud, de conformidad con los artículos 21.a) y 57 de la Ley 1/1983, de 13
de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

BOCM-20260730-12

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