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Núm. 137

Viernes 5 de junio de 2026

Sec. I. Pág. 76280

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Real Decreto 455/2026, de 3 de junio, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones a favor de determinadas entidades, asociaciones y
fundaciones para actividades relacionadas con la promoción, fomento y
divulgación de la Memoria Democrática y el reconocimiento moral de las
víctimas de la Guerra de España y la dictadura.

El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como el artículo 67 de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, establecen que podrán concederse de forma directa y «con carácter
excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten
su convocatoria pública». De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las normas especiales reguladoras de las
subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a
propuesta del Ministro competente.
El artículo 1 del Real Decreto 273/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática,
atribuye a este departamento la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en
materia de memoria histórica y democrática.
Por su parte, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, tiene por
objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, entendida
esta como el conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y
de los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de
España, con el fin de fomentar la cohesión y la solidaridad entre las diversas
generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales.
Asimismo, la citada ley persigue el reconocimiento de quienes padecieron
persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de
conciencia o creencia religiosa, o de orientación e identidad sexual, durante el período
comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la
dictadura franquista, hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
Igualmente, promueve su reparación moral y la recuperación de su memoria personal,
familiar y colectiva, así como la adopción de medidas complementarias destinadas a
suprimir elementos de división entre la ciudadanía y a promover lazos de unión en torno
a los valores, principios y derechos constitucionales.
En este sentido, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, señala en su preámbulo que las
políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de
la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social, así como
reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y
fanática. La memoria se configura, de este modo, como un elemento decisivo para
fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes
de su propia historia y capaces de detectar y desactivar derivas totalitarias o
antidemocráticas.
Asimismo, el artículo 43 propugna que las acciones de la Administración General del
Estado en materia de memoria democrática se orientarán al fomento de los valores
democráticos y de convivencia garantizando el componente pedagógico adecuado al
ámbito en el que se desarrollen.

cve: BOE-A-2026-12041
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