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Núm. 138

Sábado 6 de junio de 2026

Sec. III. Pág. 77922

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Orden TES/567/2026, de 27 de mayo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a proyectos de economía
social y de responsabilidad social de las empresas y para sufragar
parcialmente los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas y
representativas de la economía social de ámbito estatal.

El ministerio con competencia en trabajo, desde la creación en 1977 de la Dirección
General de Cooperativas y Empresas Comunitarias, ha sido el departamento encargado
de la política de fomento de la economía social. Con la reformulación en el año 2020 de
la denominación del departamento en Ministerio de Trabajo y Economía Social, en virtud
del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos
ministeriales, se reconoce la importancia de la economía social en la generación de
empleo, consolidando, a su vez, el respaldo institucional a este ecosistema.
Las diversas entidades que integran la economía social conforman un ecosistema
con fuerte base asociativa y que asume como ideal propio el compromiso con el ser
humano. En torno a este espíritu común se genera un tejido económico y social sólido
capaz de hundir sus raíces en las comunidades en las que se establecen estas
empresas. Este conglomerado de entes es garantía del trabajo decente de quienes
crean su propio empleo, adoptando las diversas fórmulas que ofrece la economía social
y de quienes prestan su trabajo en régimen de ajenidad dentro de las mismas.
Asimismo, tal y como señala la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, las
entidades que conforman este ecosistema están comprometidas con un modelo
económico de desarrollo sostenible, en su triple dimensión económica, social y
medioambiental y, por tanto, plenamente alineadas con el compromiso de los objetivos
de desarrollo sostenible promulgados por la Agenda 2030.
Así se ha reconocido en la Recomendación del Consejo, de 27 de noviembre
de 2023, sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social, que ofrece la
primera definición europea de economía social con respeto, siempre, a los marcos
jurídicos vigentes de los Estados miembros. Se entiende por economía social un
conjunto de entidades de derecho privado que proporcionan bienes y servicios a sus
miembros o a la sociedad, incluidas formas organizativas como las cooperativas, las
mutualidades, las asociaciones (también las organizaciones benéficas), las fundaciones
o las empresas sociales, así como otras formas jurídicas, que funcionan de conformidad
con los siguientes principios y características fundamentales: a) la primacía de las
personas, así como de la finalidad social o medioambiental, sobre el beneficio; b) la
reinversión de todos o la mayoría de los beneficios y excedentes para perseguir sus fines
sociales o medioambientales y llevar a cabo actividades en interés de sus miembros/
usuarios («interés colectivo») o de la sociedad en general («interés general»), y; c) la
gobernanza democrática o participativa.
La actividad de fomento de la que es responsable el Ministerio de Trabajo y
Economía Social comprende todas aquellas medidas que tengan por finalidad estimular,
promover, incentivar o sostener a la economía social y a la responsabilidad social de las
empresas, por entender que en ello concurre un interés público. Para la puesta en
práctica de dichas funciones, y a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 502/2024,
de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de
noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y
Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de
puestos de trabajo, los Presupuestos Generales del Estado consignan los créditos

cve: BOE-A-2026-12275
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