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Núm. 189

Jueves 7 de agosto de 2025

Sec. III. Pág. 106821

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y RELACIONES CON LAS CORTES
16382

Resolución de 16 de julio de 2025, de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la
registradora de la propiedad de Mérida n.º 1, por la que se suspende la
inscripción de una sentencia declarativa de dominio.

En el recurso interpuesto por doña M. G. C. C., procuradora de los tribunales, en
nombre y representación de don J. A. G., contra la calificación de la registradora de la
Propiedad de Mérida número 1, doña María Purificación Pascual Rincón, por la que se
suspende la inscripción de una sentencia declarativa de dominio.
Hechos
I
Mediante sentencia dictada el día 9 de enero de 2025 por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 3 de Mérida, en el procedimiento ordinario
número 697/2024, en demanda de don J. A. G. contra la Consejería de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, en ejercicio de acción declarativa de
dominio frente a la demandada, ésta procedió a allanarse a la demanda. En el fallo, se
declaraba la titularidad dominical de doña M. G. R. respecto de una vivienda con causa
de adquisición en la adjudicación de un convenio regulador homologado judicialmente,
recogido en la sentencia firme de procedimiento de divorcio.
II
Presentado el día 28 de febrero de 2025 testimonio de la referida sentencia en el
Registro de la Propiedad de Mérida número 1, fue objeto de la siguiente nota de
calificación:
«Nota de calificación: asiento: 1085 del diario 2025.
Datos del [sic] presentación:
Fecha: 28/02/2025.
Asiento: 1085.
Diario: 2025.
Datos del documento: sentencia 15/2025. Fecha: 09/01/2025.
Juzgado: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3.
Procedimiento ordinario: 697/2024 Finca: 62367 del término de Mérida.

Primero. Tratándose de documentos judiciales la calificación del Registrador se
extiende, según el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, a “la competencia del
Juzgado o Tribunal” y a “la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que
se hubiere dictado”.
Como ha declarado al Dirección General de los Registro y el Notariado en
Resoluciones de 26 de mayo de 1997 y 30 de septiembre de 2.005, aunque es cierto que
los artículos 118 de la Constitución Española y 17.2 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial imponen al Registrador, como a todas las autoridades y funcionarios, el deber de

cve: BOE-A-2025-16382
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