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Núm. 27

Viernes 30 de enero de 2026

Sec. III. Pág. 14480

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
2205

Acuerdo de 28 de enero de 2026, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se aprueba la Instrucción 2/2026, sobre la utilización de
sistemas de inteligencia artificial en el ejercicio de la actividad jurisdiccional.

En el ámbito de la Unión Europea, la preocupación por asegurar una inteligencia
artificial (IA) fiable y centrada en el ser humano se ha concretado en el Reglamento (UE)
2024/1689, de 13 de junio de 2024 (Reglamento de Inteligencia Artificial). En virtud del
citado Reglamento, se establecen normas armonizadas en materia de IA, imponiendo
obligaciones específicas, en particular respecto de los sistemas de alto riesgo, con el fin
de garantizar los derechos y libertades de las personas. En concreto, su anexo III
contiene la relación de dichos sistemas, incluyendo, en su apartado 8.a), los destinados
a ser utilizados por una autoridad judicial, o en su nombre, para ayudar en la
investigación e interpretación de los hechos y de la ley, así como en la garantía del
cumplimiento del Derecho a un conjunto concreto de hechos, o a ser utilizados de forma
similar en una resolución alternativa de litigios.
No se trata del único supuesto relevante, pues el propio anexo III, en su apartado 6,
relativo a la garantía del cumplimiento del Derecho, incluye otros usos de IA de alto
riesgo que pueden incidir en el ámbito de actuación de los órganos jurisdiccionales, tales
como los sistemas destinados a evaluar el riesgo de victimización, a actuar como
polígrafos o herramientas similares, a valorar la fiabilidad de las pruebas, a evaluar el
riesgo de comisión o reincidencia delictiva o a elaborar perfiles de personas físicas
durante la detección, investigación o enjuiciamiento de delitos.
El Reglamento de Inteligencia Artificial establece, además, la obligación de que cada
Estado miembro designe al menos una autoridad de vigilancia del mercado, sin perjuicio
de la existencia de autoridades específicas en determinados ámbitos. En este contexto, y
con el fin de garantizar la independencia judicial, el Consejo General del Poder Judicial
solicitó, el 31 de octubre de 2024, que se le atribuyera dicha condición cuando los
sistemas de inteligencia artificial (sistemas de IA) puedan afectar a la Administración de
Justicia. Esta solicitud ha sido acogida por el Anteproyecto de Ley para el buen uso y la
gobernanza de la Inteligencia Artificial, aprobado por el Consejo de Ministros el
pasado 11 de marzo de 2025, al incorporar en su artículo 5.7 la designación de la
Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del
Poder Judicial como autoridad de vigilancia del mercado respecto de los sistemas de
inteligencia artificial de alto riesgo incluidos en el anexo III, punto 8.a), del Reglamento
de Inteligencia Artificial, relativos a la administración de justicia, así como de los
contemplados en el punto 1 del mismo anexo, en materia de biometría, cuando los
sistemas se utilicen a efectos de la administración de justicia.
En definitiva, el citado Reglamento de Inteligencia Artificial establece un estándar
europeo de garantías –transparencia, supervisión humana efectiva, calidad y
gobernanza– que resulta ineludible cuando se despliegan herramientas de IA en ámbitos
directamente conectados con la tutela judicial efectiva y la imparcialidad.
II
En el plano interno, el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y

cve: BOE-A-2026-2205
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I