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Núm. 56

Miércoles 4 de marzo de 2026

Sec. III. Pág. 32631

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA
Y RELACIONES CON LAS CORTES
5086

Resolución de 20 de noviembre de 2025, de la Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de
calificación del registrador de la propiedad de Gandía n.º 3, por la que se
suspende la rectificación de la descripción de una finca, por ser la situación
registral contradictoria con la línea del dominio público marítimo-terrestre,
deslindando mediante Orden Ministerial.

En el recurso interpuesto por don J. E. S., jefe de la Demarcación de Costas en
Valencia, contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Gandía
número 3, don Víctor José Prado Gascó, por la que se suspende la rectificación de la
descripción de una finca, por ser la situación registral contradictoria con la línea del
dominio público marítimo-terrestre, deslindando mediante Orden Ministerial.
Hechos

Mediante certificación administrativa emitida por el jefe de la Demarcación de Costas
en Valencia, don J. E. S., firmada electrónicamente el día 11 de julio de 2025, la
Demarcación de Costas en Valencia, como consecuencia de la notificación recibida
relativa a una inscripción por título de herencia practicada sobre la finca 11.636 del
término de Xeraco, código registral único 46040000321929, con referencia catastral
número 3157805YJ4235N0016OM, derivada del asiento número 1.301 del Diario 2025,
practicada el día 22 de mayo de 2025, manifestaba que según certificado V-8 Cert. 2/18,
de 1 de abril de 2019, firmado por el jefe de la Demarcación de Costas en Valencia
resultaba que la finca era un elemento privativo de la registral matriz 11.279, estando
ésta afectada por la legislación de costas «de acuerdo con el deslinde del dominio
público marítimo-terrestre DL-34-Valencia, aprobado por Orden Ministerial de 21 de
enero de 2000», al invadir una superficie de 18.30 metros cuadrados de dominio público,
estando además afectada parcialmente por la zona de servidumbre de tránsito y por la
zona de servidumbre de protección. Alegaba, además, que, de dicha situación, «el
registrador tenía conocimiento, a través del certificado del Jefe de la Demarcación de 30
de abril de 2018 (…) Este certificado incorporaba la representación gráfica de la parcela
sobre la que reflejaba la línea de dominio público marítimo, resultando la superficie que
invadía. Asimismo, tenía conocimiento que el tramo de costa había sido deslindado por
Orden Ministerial de 21 de enero de 2000, DL-34- Valencia, la cual devino firme una vez
desestimados en vía administrativa y judicial los recurso [sic] contra ella interpuestos».
En virtud de ello, la Demarcación de Costas solicitaba «la rectificación del asiento
registral practicado procediendo a su cancelación por atentar directamente a la titularidad
Estatal del bien demanial, y contra la buena fe de terceros por la apariencia de
legitimidad de la titularidad dominical que supone la inscripción, de acuerdo con lo
siguiente regulación legal», al amparo del artículo 36, regla tercera, del Real
Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas, conforme al cual: «Cuando de la certificación resulte que la finca intersecta con
el dominio público marítimo-terrestre según deslinde ya aprobado por orden ministerial,
el registrador denegará la inscripción solicitada y cancelará la anotación de suspensión,
debiendo procederse por el Servicio Periférico de Costas a solicitar la anotación de la
resolución aprobatoria de deslinde».

cve: BOE-A-2026-5086
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