Información oficial del Boletín Oficial del Estado en el día 19-03-2026

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Boletín Oficial del Estado
19/03/2026

Tribunal Constitucional. . T.C. Sección del Tribunal Constitucional. Autos. (BOE-A-2026-6482)

Pleno. Auto 15/2026, de 11 de febrero de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 6811-2025. Mantiene parcialmente la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad 6811-2025, interpuesto por el presidente del Gobierno, en relación con las disposiciones finales cuarta y octava de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025.

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Pleno. Auto 15/2026, de 11 de febrero de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 6811-2025. Mantiene parcialmente la suspensión acordada en el recurso de inconstitucionalidad 6811-2025, interpuesto por el presidente del Gobierno, en relación con las disposiciones finales cuarta y octava de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025.
Página 1 del anuncio BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 69

Jueves 19 de marzo de 2026

Sec. TC. Pág. 42839

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6482

Pleno. Auto 15/2026, de 11 de febrero de 2026. Recurso de
inconstitucionalidad 6811-2025. Mantiene parcialmente la suspensión
acordada en el recurso de inconstitucionalidad 6811-2025, interpuesto por el
presidente del Gobierno, en relación con las disposiciones finales cuarta y
octava de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025.

ECLI:ES:TC:2026:15A
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido
Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada
Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, don Ramón Sáez Valcárcel, don
Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa
Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, don Juan Carlos Campo Moreno,
doña Laura Díez Bueso y don José María Macías Castaño, en el recurso de
inconstitucionalidad núm. 6811-2025, interpuesto por el presidente del Gobierno, en
relación con la disposición final cuarta y la disposición final octava, apartado primero, de
la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2025, ha dictado, con ponencia de la magistrada doña
Laura Díez Bueso, el siguiente
AUTO
I.

Antecedentes

a) El recurso se dirige, en primer lugar, frente a la disposición final cuarta de la
Ley 5/2024, de 26 de diciembre, por la que se modifica la disposición adicional cuarta de
la Ley de la Comunidad Autónoma de Canarias 11/1994, de 26 de julio, de ordenación
sanitaria de Canarias.
Señala la demanda que, en su redacción anterior, la disposición adicional cuarta de
la Ley 11/1994 garantizaba que los empleados públicos que eran nombrados gerente o
director gerente no percibirían retribuciones inferiores a las que tuvieran en el puesto que
desempeñaban con anterioridad a su nombramiento. Con la nueva redacción esa
garantía se extiende a quienes provengan del desempeño de una actividad privada por
cuenta propia o por cuenta ajena. Además, esa modificación surte efectos económicos
desde el 1 de julio de 2023 y se hará efectiva a partir de la nómina del mes de enero
de 2025, abonándose como atrasos los importes correspondientes.
La extensión de esta garantía conlleva un aumento retributivo que es contrario
a la congelación de retribuciones existente en la actual situación de prórroga
presupuestaria en 2025 o al posible incremento general que se establezca en la
norma básica, por ser adicional al mismo, al no venir acompañado de la supresión o

cve: BOE-A-2026-6482
Verificable en https://www.boe.es

1. Mediante escrito presentado el 30 de septiembre de 2025, el abogado del
Estado, en la representación que legalmente ostenta del presidente del Gobierno,
interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final cuarta y la
disposición final octava, apartado primero, de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El abogado del Estado invocó los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional (LOTC) a fin de que se produjera la suspensión de la aplicación de la
disposición impugnada.

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