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Núm. 69

Jueves 19 de marzo de 2026

Sec. TC. Pág. 42782

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6480

Pleno. Sentencia 13/2026, de 12 de febrero de 2026. Cuestión de
inconstitucionalidad 3631-2025. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla,
con sede en Málaga, en relación con diversos preceptos de los textos
refundidos de las leyes del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados, y del catastro inmobiliario, en la redacción
dada por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha
contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del
Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del
mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia
de regulación del juego. Principio de capacidad económica: constitucionalidad
de la utilización del «valor de referencia» como sistema de cuantificación
objetiva de capacidades económicas potenciales en cuanto grava valores
medios cercanos a los de mercado y se acompaña de la posibilidad de
estimación directa de las bases imponibles.

ECLI:ES:TC:2026:13
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por el magistrado don Cándido
Conde-Pumpido Tourón, presidente, y las magistradas y magistrados doña Inmaculada
Montalbán Huertas, don Ricardo Enríquez Sancho, don Ramón Sáez Valcárcel, don
Enrique Arnaldo Alcubilla, doña Concepción Espejel Jorquera, doña María Luisa
Segoviano Astaburuaga, don César Tolosa Tribiño, doña Laura Díez Bueso y don José
María Macías Castaño, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3631-2025 planteada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y
Melilla, con sede en Málaga, en relación con los arts. 10, apartados 2, 3 y 4, y 46.1 del
texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre, y la disposición final tercera del texto refundido de la Ley del catastro
inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, en la
redacción dada, respectivamente, por los arts. 6.2 y 14.8 de la Ley 11/2021, de 9 de julio,
de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva
(UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas
contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del
mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de
regulación del juego, por posible vulneración del principio de capacidad económica del
art. 31.1 CE. Han comparecido y formulado alegaciones, el abogado del Estado, el fiscal
general del Estado, la letrada de la Junta de Andalucía y el señor Peter Krause. Ha sido
ponente el magistrado don Ricardo Enríquez Sancho.

cve: BOE-A-2026-6480
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SENTENCIA