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B.O.C.M. Núm. 51

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
LUNES 2 DE MARZO DE 2026

Pág. 171

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO DE
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ALCOBENDAS
OTROS ANUNCIOS

En virtud de las competencias previstas en el artículo 124.4 letras a), g), i) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y conforme a lo dispuesto en los artículos 22, 27, 33.4, 66 y 68 del Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración (ROGA), vistos también los informes técnicos y jurídicos que obran en el expediente instruido al efecto,
HE RESUELTO
Aprobar el decreto número 2556, de fecha 13 de febrero de 2026, de Alcaldía Presidencia, como norma marco para establecer la Política General de Seguridad de la información aplicable a todos los sistemas TIC, personal y contratistas del Ayuntamiento cuyo
anexo contiene el siguiente texto íntegro de dicha Política, que entrará en vigor el día de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y en la sede electrónica municipal.
ANEXO POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
estableció el Esquema Nacional de Seguridad que, aprobado mediante Real Decreto 3/2010, de 8
de enero, tiene por objeto determinar la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en su ámbito de aplicación y estará constituido por los principios básicos y requisitos mínimos
que permitan una protección adecuada de la información. También estableció que el mismo debía
mantenerse actualizado de manera permanente y, en desarrollo de este precepto, el Real Decreto
3/2010, de 8 de enero, establece que el Esquema Nacional de Seguridad se desarrollará y perfeccionará a lo largo del tiempo en paralelo al progreso de los servicios de Administración electrónica,
la evolución de la tecnología, los nuevos estándares internacionales sobre seguridad y auditoría, y
la consolidación de las infraestructuras que le sirven de apoyo, manteniéndose actualizado de
manera permanente.
Adicionalmente, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece
que las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos
y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán
la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta
de servicios a los interesados y recoge el Esquema Nacional de Seguridad en su artículo 156.
Mientras que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, recoge en su artículo 13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas el relativo a la protección de datos de carácter personal,
y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y
aplicaciones de las Administraciones Públicas.

Por otra parte, las ciberamenazas, que constituyen riesgos que afectan singularmente a la Seguridad Nacional, se han convertido en un potente instrumento de agresión contra las entidades públicas y los ciudadanos en sus relaciones con las mismas, de manera que la ciberseguridad figura
entre los doce ámbitos prioritarios de actuación de la Estrategia de Seguridad Nacional como instrumento actualizado para encarar el constante y profundo cambio mundial en el que nos hayamos
inmersos y como garantía de la adecuada actuación de España en el ámbito internacional. En
particular, dicho ámbito de actuación de ciberseguridad se refiere a la garantía de la seguridad de

BOCM-20260302-39

En efecto, los ciudadanos confían en que los servicios públicos disponibles por el medio electrónico se presten en unas condiciones de seguridad equivalentes a las que encuentran cuando se
acercan personalmente a las oficinas de la Administración.