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Viernes 28 de noviembre de 2025

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RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2025, de la Dirección General de Política
Agraria Comunitaria, por la que se dispone la ejecución de la sentencia n.º
71/2025, dictada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo
tramitado mediante el procedimiento ordinario n.º 380/2023. (2025064221)
Por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Sexta, se ha dictado la Sentencia n.º 71/2025, de 19 de febrero, derivada del recurso
contencioso-administrativo, procedimiento ordinario n.º 380/2023, promovido por la Junta
de Extremadura, siendo demandado el Consejo Regulador del Cava, relativo a la Resolución
de 20 de diciembre de 2022 de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del
Ministerio de Agricultura, que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto
contra la Resolución por la que se aprueban en 2022 las limitaciones a las autorizaciones de
nuevas plantaciones y a las restricciones de autorizaciones de replantación y de conversión
de derechos de replantación en la DOP Cava para 2023, 2024 y 2025 y en la DOCa Rioja para
2023, y se da publicidad a las decisiones adoptadas en 2022 por las comunidades autónomas
sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación, de restricciones a las autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de replantación en
el ámbito de las DOPs que se ubiquen en su territorio para 2023, 2024 y 2025 de 20 de diciembre de 2022.
Asimismo, el artículo 8 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación
administrativa en la ejecución de las resoluciones judiciales (DOE núm. 58, de 30 de julio),
establece que la ejecución de resoluciones recaídas en recursos contenciosos-administrativos
en los que sea parte la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura corresponderá al órgano que dictó el acto o disposición origen del proceso.
Por su parte, el artículo 9.1 del citado decreto establece que el titular del órgano competente
realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la resolución judicial,
dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.
El apartado 3 del mismo artículo establece que se entenderá suficiente a efectos de su publicación, la inserción en el DOE que contenga al menos los datos del demandante y demandado, el número de autos y el contenido del fallo, con expresión de la firmeza de la sentencia o
resolución judicial.
Por tanto, en uso de las competencias atribuidas por la legislación vigente,