Página 1 del anuncio BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 102

Lunes 27 de abril de 2026

Sec. II.A. Pág. 58520

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
9101

Orden TDF/382/2026, de 11 de marzo, por la que se declara la pérdida de la
condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter
nacional, Subescala Secretaría-Intervención, de don José María Sánchez
Picazo.

Declarar la pérdida definitiva de la condición de funcionario de Administración Local
con Habilitación de Carácter Nacional, Subescala Secretaría-Intervención, de don José
María Sánchez Picazo, de acuerdo con la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia, Sección 3.ª, núm. 119/2020 de fecha 24 de febrero de 2020 que devino firme
en la misma fecha, dando lugar a la Ejecutoria 40/2020 en la que se acordó, por auto
de 5 de marzo de 2021, la suspensión de la pena de prisión por un plazo de cinco años
y, liquidándose la condena de inhabilitación absoluta con pérdida de la condición de
funcionario Secretario-Interventor por seis años, la cual comenzó a cumplir en fecha de
diez de julio de 2020 y quedará extinguida el 8 de julio de 2026.
Madrid, 11 de marzo de 2026.–El Ministro para la Transformación Digital y de la
Función, P. D. (Orden TDF/469/2024, de 9 de mayo), la Secretaria de Estado de Función
Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.

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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-A-2026-9101
Verificable en https://www.boe.es

La Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3.ª, dictó la sentencia núm. 119/2020 de
fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte mediante la que condena a don José
María Sánchez Picazo, funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter
Nacional, Subescala Secretaría-Intervención, como criminalmente responsable, en
concepto de autor, de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de
falsedad contable, en concurso medial para cometer otro delito continuado de
malversación, con la concurrencia de la circunstancia atenuante, muy cualificada, de
dilaciones indebidas, a la penas de prisión de dos años e inhabilitación absoluta por
tiempo de seis años, con pérdida de la condición de funcionario Secretario-Interventor.
La mencionada sentencia de 24 de febrero de 2020 devino firme en la misma fecha,
dando lugar a la Ejecutoria 40/2020 en la que se acordó, por auto de 5 de marzo
de 2021, la suspensión de la pena de prisión por un plazo de cinco años y, liquidándose
la condena de inhabilitación absoluta con pérdida de la condición de funcionario
Secretario-Interventor por seis años, comenzando a cumplirla el condenado en fecha
de 10 de julio de 2020 y quedará extinguida el 8 de julio de 2026.
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 138.1.d) del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la pena de inhabilitación
absoluta impuesta judicialmente comporta para el afectado la pérdida definitiva de la
condición de funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional,
y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 6.2.n) de la Orden
TDF/469/2024, de 9 de mayo, sobre fijación de límites para la administración de
determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.
Esta Secretaría de Estado resuelve: