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Jueves 20 de agosto de 2026

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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA, CIENCIA Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 2026, de la Secretaría General, por la que
se dispone la ejecución de la sentencia n.º 60/2026, de 14 de mayo, dictada
por el Tribunal de Instancia, Sección de lo Contencioso-administrativo, Plaza
n.º 1, de Cáceres, en el procedimiento abreviado n.º 47/2026. (2026062159)
En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la empresa
Excavaciones y Transportes El Guerra, SL, contra la desestimación por silencio administrativo
de la reclamación de la cantidad de 14.719,76 euros en concepto de intereses de demora derivados del retraso en el pago de la factura n.º A- 409 correspondiente al contrato “Obras de
emergencia para mitigar los efectos del incendio forestal de Las Hurdes en julio de 2022 (Lote
5: Construcción de infraestructuras auxiliares para acometer trabajos de restauración)”, ha
recaído sentencia n.º 60/2026, dictada por el Tribunal de Instancia, Sección de lo Contencioso-administrativo, Plaza n.º 1 de Cáceres, con fecha 14 de mayo de 2026. Esta sentencia ha
devenido firme al haber transcurrido el plazo legalmente previsto sin que se haya interpuesto
recurso alguno.
El artículo 40.1 del Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de su
Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura establece que “Corresponde la
ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que
legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por
razón de la materia sobre la que el litigio haya versado”.
El artículo 8 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de las resoluciones judiciales (DOE de 30 de julio), establece que la
ejecución de las resoluciones recaídas en recursos contencioso-administrativos en los que sea
parte la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura corresponderá al órgano
que dictó el acto o disposición origen del proceso.
Asimismo, el artículo 9 del citado Decreto 59/1991, de 23 de julio, establece que el titular del
órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia, debiendo ser adoptada dentro del plazo de dos meses, contados desde la fecha en que
se reciba el expediente y el testimonio de la sentencia del tribunal que la haya dictado, y será
publicada en el Diario Oficial de Extremadura cuando anule o modifique el acto impugnado.
Por lo tanto, de conformidad con el artículos 103 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, artículos 8 y siguientes del
Decreto 59/1991, de 23 de julio, que regula la tramitación administrativa de la ejecución de